Colombia:
Un grupo de parlamentarios adscritos a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, citó para el día 18 de mayo de 2005 a un debate sobre la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el pasado 21 de febrero, debate que se debió extender a una segunda sesión el día 25 de mayo, dado que la citación a una plenaria el día 18 limitó demasiado el tiempo disponible. El Representante citante, Dr. Hugo Ernesto Zárrate, solicitó al Ministerio de Defensa, a los mandos militares y a los organismos de control del Estado, explicaran por qué había fallado la protección del Estado frente a estas víctimas indefensas, estando además de por medio una serie de Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido Medidas Provisionales a favor de esa Comunidad sometida desde hace años a un baño de sangre.
La intervención del gobierno y de sus fuerzas militares se produjo principalmente en la sesión del 25 de mayo, la cual fue minuciosamente preparada bajo la coordinación del General retirado Jaime Alberto Canal, quien a la vez es Representante miembro de la Comisión Segunda de la Cámara y actuó como citante a la segunda parte del debate. En su extensa intervención, cortada por momentos de sesión informal en los cuales presentó supuestos "testigos" y videos, el Representante Canal no apuntó en absoluto a clarificar las circunstancias y responsabilidades en la horrenda masacre de San José de Apartadó, sino a defender el honor de las fuerzas armadas, mediante el método de la descalificación, el ultraje estigmatizante y la criminalización de los denunciantes, método de larga trayectoria y de intenso uso en los agentes del Estado colombiano.
El General Canal inició su ataque a los denunciantes presentando una historia ficticia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó saturada de falsedades y calumnias, a todas luces construida por alguien que no conoce ni de lejos la historia, los objetivos, los principios, proyectos y logros de esta Comunidad, sino además elaborada con la intención no disimulada de degradar la imagen de la Comunidad, de sus integrantes, de sus líderes y de sus acompañantes, creando una base de "justificación" inconsciente de las violencias que han pretendido destruir la Comunidad, cuya última horrenda expresión ha sido la masacre del pasado 21 de febrero.
El objetivo buscado por el General Canal no era, pues, aportar a la verdad sobre los verdaderos victimarios, sino demonizar a quienes han presentado elementos de juicio convincentes que llevan a atribuir la autoría del crimen a unidades militares adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional. Todo el discurso, los aportes de los falsos "testigos" y los videos, se dirigieron a acusar a la Comunidad de Paz y a los demás denunciantes como "colaboradores de las FARC", para rematar, en una extraña lógica, con la tesis de que fueron las mismas FARC las que perpetraron la masacre, supuestamente para evitar que las víctimas desertaran de sus filas, como lo habrían ya anunciado.
Desde hace alrededor de una década los gobiernos colombianos han justificado todas los actos violentos perpetrados contra la población de San José de Apartadó como "acción contrainsurgente", así las víctimas hayan sido en su casi totalidad población civil no vinculada a la guerra. Pero particularmente desde marzo de 1997, cuando fue oficializada la Comunidad de Paz como espacio de población civil no involucrada en el conflicto armado, las unidades militares que recorren permanentemente la zona perpetrando todo tipo de violencias contra los civiles, no han podido capturar a ningún insurgente en los espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz, sometidos como están a operativos militares continuos e intensos. Ante la carencia de ese argumento fáctico, se han esforzado por acusar a los civiles de tener vínculos o de apoyar de una u otra forma a la insurgencia. Para ello han acudido al único método posible que es el falso testimonio, logrado bajo diversas formas de extorsión o soborno.
Una escena que se ha vuelto rutinaria en los retenes móviles que saturan los caminos del corregimiento, es la de acusar gratuitamente a los campesinos que transitan por ellos, principalmente a los jóvenes, de ser "guerrilleros". Pasado el primer impacto que causa intenso miedo en las víctimas, ante la perspectiva de un proceso penal fundado en montajes que los haga condenar a prisión por muchos años, se pasa a ofrecerles ventajas judiciales y económicas si se declaran "reinsertados" y colaboran con el ejército en la destrucción de la Comunidad de Paz y de sus líderes. De casos como éstos han conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso una de las víctimas, a quien amenazaron con acusarlo de ser "miliciano" si no aceptaba la propuesta, recorrió varios ministerios, embajadas, todos los organismos de control del Estado y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU contando su tragedia, sin que la más mínima protección le fuera garantizada.
Esa escena que se ha hecho rutinaria en los caminos del corregimiento de San José de Apartadó, se trasladó el 25 de mayo con toda su atrevida obsenidad al podio de la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, donde desfilaron cuatro falsos "testigos" que bajo la batuta del Representante Canal repitieron la lección aprendida, para lo cual los entrenaron desde una hora antes en el piso bajo del edificio parlamentario, aduciendo que "la Comunidad de Paz está íntimamente ligada a los proyectos de las FARC". Sus infundios fueron tan excesivos que llegaron a afirmar que habían visto a la Doctora Gloria Cuartas y al Padre Giraldo "conversando con los jefes de las FARC de la zona" y que éste último "les subía en su carro toda la munición, ya que su carro no es requisado en los retenes militares", ignorando que ni tiene carro y que su cédula a veces es retenida por media hora en los retenes militares como forma de intimidación.
Sobre dos de esos testigos: Elkin Darío Tuberquia y Apolinar Guerra, ya obraban denuncias en el mismo despacho del Presidente Uribe, donde se narran las torturas a que fueron sometidos en marzo de 2004 por el Coronel Néstor Iván Duque, en la Brigada 17 de Carepa, siendo luego víctimas de un montaje judicial que los forzaría a declararse "reinsertados", ante la alternativa de tener que pasar largos años en la cárcel y sus familias en la miseria absoluta, tras ser "condenados" en dos instancias por jueces y magistrados corruptos cuyas decisiones no resistirán el más elemental examen de cualquier aprendiz del Derecho. Varios representantes a la Cámara secundaron la petición de que esos "testigos"-rehenes fueran entregados a un organismo internacional neutral, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, antes de que abandonaran el recinto parlamentario, de modo que sean liberados de una tutela militar que desde marzo de 2004 les arrebató la capacidad de tomar decisiones libres.
El clímax de obsenidad del General Canal se hizo patético en los videos que presentó a los asistentes. Uno de ellos fue grabado en la sesión anterior de este mismo debate, en el cual sacaba una frase de su contexto en la exposición de uno de los líderes de la Comunidad de Paz, en la que éste afirmaba que "para la guerrilla era muy grave perder el territorio de San José", afirmando el General Canal que el padre de este líder era el jefe de las milicias de Mulatos, cuando él ni siquiera conoce la vereda Mulatos. El otro video fue grabado por inteligencia militar clandestinamente en Venezuela, en el Congreso Bolivariano de los Pueblos (Maracaibo, 7 – 9 de diciembre de 2004) y editado para destacar que al terminar una conferencia de la Doctora Gloria Cuartas, en la cual pedía solidaridad con Colombia, se escucharon voces en el auditorio que pedían "Libertad para Simón Trinidad", guerrillero de las Farc. Los asistentes repetían en coro la arenga, mientras Gloria Cuartas, micrófono en mano, observaba y finalmente se unía al coro diciendo: "libertad".
No era la primera vez que la reconocida defensora de los derechos humanos y de las libertades públicas era seguida y controlada por organismos de inteligencia militar con el propósito de desacreditar sus posiciones humanitarias y políticas mediante difamaciones y calumnias. Con la seguridad que autoriza todo el desarrollo lógico de esta sesión parlamentaria, se puede afirmar que el escrutinio intenso en los archivos de la inteligencia militar solo permitió aportar como "prueba" de su "vinculación con la guerrilla" un grito de libertad a favor de un preso político cuyo proceso de captura y de extradición dejó inconfundibles rastros de ilegalidad registrados por todos los expertos en derecho interno e internacional. Ella misma reivindicó con vigor y valentía, en el mismo podio por donde transitaron sus falsos acusadores, sus convicciones insobornables que defienden las libertades y el derecho a buscar otro modelo posible de sociedad que no condene a la miseria y a la injusticia a las grandes mayorías nacionales. Además desafió a sus detractores a capturarla inmediatamente si creían que ella militaba en la insurgencia, cuando sus posiciones han sido absolutamente transparentes, rechazando además toda protección oficial para su vida a pesar de las constantes amenazas a que se ve sometida y que esa misma mañana se reiteraron a través de su teléfono.
Quien haya rastreado las noticias aparecidas en los medios masivos de información el 26 de mayo y los días posteriores, buscando una información sumaria de lo sucedido el día 25 de mayo en la Comisión Segunda de la Cámara, solo encuentra la estigmatización contra Gloria Cuartas, convertida en "noticia", donde se transmite el mensaje del video editado y manipulado por el General Canal con la intención inocultable de criminalizar a los denunciantes de la masacre de San José de Apartadó, pero sin informar nada sobre los cuestionamientos a tan perverso método que se explicitaron en la misma sesión y sin decir una palabra sobre los elementos de convicción que la misma Doctora Gloria Cuartas expuso magistralmente, para demostrar que fue el Ejército el autor de la masacre, corrigiendo el mapa falso de ubicación de tropas que presentaron las fuerzas armadas.
No hay duda de que los medios masivos han tomado partido por tapar las verdaderas dimensiones de esta masacre como Crimen de Estado. Tampoco para ellos fue "noticia" que valiera la pena hacer conocer de la opinión pública, la decisión tomada por un grupo de parlamentarios, de solicitar a la Corte Penal Internacional que avoque el caso de la masacre de San José de Apartadó, ya que no se percibe que el Estado colombiano quiera hacer justicia, cumpliéndose entonces las condiciones previstas en el Estatuto de Roma.
El ensañamiento militar contra la ex Alcaldesa de Apartadó no es nuevo. Hace 10 años, cuando aún ejercía como Alcaldesa, fue objeto de una campaña sistemática de desprestigio con graves montajes y con falsos testigos, puestos en ese entonces por el General Retirado Rito Alejo Del Río. A ello se han sumado volantes y propagandas que buscan su deslegitimación y señalamientos de autoridades regionales en el gobierno del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de Colombia, por oponerse a las cooperativas de seguridad llamadas "Convivir", un claro intento de legalización del paramilitarismo.
Su intransigente oposición a políticas que violan las libertades ciudadanas y los derechos humanos la han convertido en blanco permanente de persecución. Ella con valentía denunció el "Plan Retorno", que camuflaba el retorno violento de empresarios de Urabá para recuperar el poder de las fuerzas tradicionales exterminando a los militantes de la U.P., operación que arrojó más de 1.200 asesinatos entre 1995-1997.
Los panfletos, la presión sobre su vida, las calumnias de periodistas como Plinio Apuleyo Mendoza, las investigaciones que se pretendían abrir en la Procuraduría, el seguimiento del que es objeto, han llegado, entre otras, a incidir hasta en el retiro de su visa de los Estados Unidos de América, con el argumento que figura en "una lista de sospechosos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos". Están siendo afectados sus espacios afectivos, familiares y, laborales, pues el seguimiento obstaculiza su derecho al trabajo. Por la crudeza de su palabra está sometida al exilio interno, con grave daño moral, económico y político. Se ha ejercido presión para que no reciba apoyo económico de ONG, como el caso de la entidad Belga IPS, "International Peace Information Service", en febrero 2004. Sus denuncias, ante el Parlamento Europeo, sobre el impacto de las políticas del gobierno en los derechos Humanos, incidieron en que fuera conminada por esta ONG a no continuar en una investigación de la que formaba parte.
Es su palabra el único instrumento de su accionar político y social. Reconocida por su civilidad, por la defensa de la democracia, Gloria Cuartas es exigente y clara al reclamar al Estado su obligación de garantizar la vida de ciudadanos y ciudadanas, así como el llamado a la salida política del conflicto social y armado, el acuerdo humanitario y la libertad de todas las personas privadas de ella a causa del conflicto.
Reconocida por la UNESCO y por numerosas organizaciones académicas, sociales y de mujeres como una mujer pública y valiente y una adalid de la paz, nunca ha acudido a esquemas de seguridad.
Llamamos al pueblo de Colombia, a los medios de comunicación, a los miembros del Congreso y al Gobierno a contribuir a que cesen las amenazas, las calumnias y señalamientos contra Gloria Cuartas, el Padre Javier Giraldo y La Comunidad.
Exigimos al Gobierno que garantice la vida digna de Gloria Cuartas, del padre Javier Giraldo y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Que garantice el pleno derecho de exigir verdad y justicia, y de ejercer una crítica libre y democrática.
Hacemos un llamado por el respeto y la garantía del pluralismo político y del libre ejercicio del derecho a la expresión política en Colombia.
Desviar la atención sobre la verdad y la responsabilidad por la masacre de San José de Apartadó, para desprestigiar y cerrar los espacios a la expresión política opuesta al gobierno, atenta contra la democracia.
Suscriben,
ESCUELA POLÍTICA DE MUJERES
MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES
CORPORACIÓN JURÍDICA HUMANIDA VIGENTE
dhColombia – RED DE DEFENORES NO INSTITUCIONALIZADOS
Enviar manifestaciones de respaldo a:
Álvaro Uribe Vélez
Cra 8 N° 7-26 – Palacio de Nariño
Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 5662071
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Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos
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Ministerio de Defensa Nacional
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Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón
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Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Los Derechos humanos
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- Anne-Sylvie LINDER, Coordinadora Observatorio de DDHH y DIH
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-Maria Claudia Carrasquilla, Asesora Cooperación Técnica Internacional -Vicepresidencia de la República.
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EL OBSERVATORIO
para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH (FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS) y la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca
Bogotá D.C., Sudamérica
Fax. 1- 2824270
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En defensa de la libertad de pensamiento, expresión y los derechos a la verdad, justicia y reparación Solidaridad con Gloria Cuartas, Javier Giraldo y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Como organizaciones y personas comprometidas en la protección de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos, denunciamos ante la opinión nacional e internacional lo siguiente:Un grupo de parlamentarios adscritos a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, citó para el día 18 de mayo de 2005 a un debate sobre la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el pasado 21 de febrero, debate que se debió extender a una segunda sesión el día 25 de mayo, dado que la citación a una plenaria el día 18 limitó demasiado el tiempo disponible. El Representante citante, Dr. Hugo Ernesto Zárrate, solicitó al Ministerio de Defensa, a los mandos militares y a los organismos de control del Estado, explicaran por qué había fallado la protección del Estado frente a estas víctimas indefensas, estando además de por medio una serie de Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido Medidas Provisionales a favor de esa Comunidad sometida desde hace años a un baño de sangre.
La intervención del gobierno y de sus fuerzas militares se produjo principalmente en la sesión del 25 de mayo, la cual fue minuciosamente preparada bajo la coordinación del General retirado Jaime Alberto Canal, quien a la vez es Representante miembro de la Comisión Segunda de la Cámara y actuó como citante a la segunda parte del debate. En su extensa intervención, cortada por momentos de sesión informal en los cuales presentó supuestos "testigos" y videos, el Representante Canal no apuntó en absoluto a clarificar las circunstancias y responsabilidades en la horrenda masacre de San José de Apartadó, sino a defender el honor de las fuerzas armadas, mediante el método de la descalificación, el ultraje estigmatizante y la criminalización de los denunciantes, método de larga trayectoria y de intenso uso en los agentes del Estado colombiano.
El General Canal inició su ataque a los denunciantes presentando una historia ficticia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó saturada de falsedades y calumnias, a todas luces construida por alguien que no conoce ni de lejos la historia, los objetivos, los principios, proyectos y logros de esta Comunidad, sino además elaborada con la intención no disimulada de degradar la imagen de la Comunidad, de sus integrantes, de sus líderes y de sus acompañantes, creando una base de "justificación" inconsciente de las violencias que han pretendido destruir la Comunidad, cuya última horrenda expresión ha sido la masacre del pasado 21 de febrero.
El objetivo buscado por el General Canal no era, pues, aportar a la verdad sobre los verdaderos victimarios, sino demonizar a quienes han presentado elementos de juicio convincentes que llevan a atribuir la autoría del crimen a unidades militares adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional. Todo el discurso, los aportes de los falsos "testigos" y los videos, se dirigieron a acusar a la Comunidad de Paz y a los demás denunciantes como "colaboradores de las FARC", para rematar, en una extraña lógica, con la tesis de que fueron las mismas FARC las que perpetraron la masacre, supuestamente para evitar que las víctimas desertaran de sus filas, como lo habrían ya anunciado.
Desde hace alrededor de una década los gobiernos colombianos han justificado todas los actos violentos perpetrados contra la población de San José de Apartadó como "acción contrainsurgente", así las víctimas hayan sido en su casi totalidad población civil no vinculada a la guerra. Pero particularmente desde marzo de 1997, cuando fue oficializada la Comunidad de Paz como espacio de población civil no involucrada en el conflicto armado, las unidades militares que recorren permanentemente la zona perpetrando todo tipo de violencias contra los civiles, no han podido capturar a ningún insurgente en los espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz, sometidos como están a operativos militares continuos e intensos. Ante la carencia de ese argumento fáctico, se han esforzado por acusar a los civiles de tener vínculos o de apoyar de una u otra forma a la insurgencia. Para ello han acudido al único método posible que es el falso testimonio, logrado bajo diversas formas de extorsión o soborno.
Una escena que se ha vuelto rutinaria en los retenes móviles que saturan los caminos del corregimiento, es la de acusar gratuitamente a los campesinos que transitan por ellos, principalmente a los jóvenes, de ser "guerrilleros". Pasado el primer impacto que causa intenso miedo en las víctimas, ante la perspectiva de un proceso penal fundado en montajes que los haga condenar a prisión por muchos años, se pasa a ofrecerles ventajas judiciales y económicas si se declaran "reinsertados" y colaboran con el ejército en la destrucción de la Comunidad de Paz y de sus líderes. De casos como éstos han conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso una de las víctimas, a quien amenazaron con acusarlo de ser "miliciano" si no aceptaba la propuesta, recorrió varios ministerios, embajadas, todos los organismos de control del Estado y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU contando su tragedia, sin que la más mínima protección le fuera garantizada.
Esa escena que se ha hecho rutinaria en los caminos del corregimiento de San José de Apartadó, se trasladó el 25 de mayo con toda su atrevida obsenidad al podio de la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, donde desfilaron cuatro falsos "testigos" que bajo la batuta del Representante Canal repitieron la lección aprendida, para lo cual los entrenaron desde una hora antes en el piso bajo del edificio parlamentario, aduciendo que "la Comunidad de Paz está íntimamente ligada a los proyectos de las FARC". Sus infundios fueron tan excesivos que llegaron a afirmar que habían visto a la Doctora Gloria Cuartas y al Padre Giraldo "conversando con los jefes de las FARC de la zona" y que éste último "les subía en su carro toda la munición, ya que su carro no es requisado en los retenes militares", ignorando que ni tiene carro y que su cédula a veces es retenida por media hora en los retenes militares como forma de intimidación.
Sobre dos de esos testigos: Elkin Darío Tuberquia y Apolinar Guerra, ya obraban denuncias en el mismo despacho del Presidente Uribe, donde se narran las torturas a que fueron sometidos en marzo de 2004 por el Coronel Néstor Iván Duque, en la Brigada 17 de Carepa, siendo luego víctimas de un montaje judicial que los forzaría a declararse "reinsertados", ante la alternativa de tener que pasar largos años en la cárcel y sus familias en la miseria absoluta, tras ser "condenados" en dos instancias por jueces y magistrados corruptos cuyas decisiones no resistirán el más elemental examen de cualquier aprendiz del Derecho. Varios representantes a la Cámara secundaron la petición de que esos "testigos"-rehenes fueran entregados a un organismo internacional neutral, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, antes de que abandonaran el recinto parlamentario, de modo que sean liberados de una tutela militar que desde marzo de 2004 les arrebató la capacidad de tomar decisiones libres.
El clímax de obsenidad del General Canal se hizo patético en los videos que presentó a los asistentes. Uno de ellos fue grabado en la sesión anterior de este mismo debate, en el cual sacaba una frase de su contexto en la exposición de uno de los líderes de la Comunidad de Paz, en la que éste afirmaba que "para la guerrilla era muy grave perder el territorio de San José", afirmando el General Canal que el padre de este líder era el jefe de las milicias de Mulatos, cuando él ni siquiera conoce la vereda Mulatos. El otro video fue grabado por inteligencia militar clandestinamente en Venezuela, en el Congreso Bolivariano de los Pueblos (Maracaibo, 7 – 9 de diciembre de 2004) y editado para destacar que al terminar una conferencia de la Doctora Gloria Cuartas, en la cual pedía solidaridad con Colombia, se escucharon voces en el auditorio que pedían "Libertad para Simón Trinidad", guerrillero de las Farc. Los asistentes repetían en coro la arenga, mientras Gloria Cuartas, micrófono en mano, observaba y finalmente se unía al coro diciendo: "libertad".
No era la primera vez que la reconocida defensora de los derechos humanos y de las libertades públicas era seguida y controlada por organismos de inteligencia militar con el propósito de desacreditar sus posiciones humanitarias y políticas mediante difamaciones y calumnias. Con la seguridad que autoriza todo el desarrollo lógico de esta sesión parlamentaria, se puede afirmar que el escrutinio intenso en los archivos de la inteligencia militar solo permitió aportar como "prueba" de su "vinculación con la guerrilla" un grito de libertad a favor de un preso político cuyo proceso de captura y de extradición dejó inconfundibles rastros de ilegalidad registrados por todos los expertos en derecho interno e internacional. Ella misma reivindicó con vigor y valentía, en el mismo podio por donde transitaron sus falsos acusadores, sus convicciones insobornables que defienden las libertades y el derecho a buscar otro modelo posible de sociedad que no condene a la miseria y a la injusticia a las grandes mayorías nacionales. Además desafió a sus detractores a capturarla inmediatamente si creían que ella militaba en la insurgencia, cuando sus posiciones han sido absolutamente transparentes, rechazando además toda protección oficial para su vida a pesar de las constantes amenazas a que se ve sometida y que esa misma mañana se reiteraron a través de su teléfono.
Quien haya rastreado las noticias aparecidas en los medios masivos de información el 26 de mayo y los días posteriores, buscando una información sumaria de lo sucedido el día 25 de mayo en la Comisión Segunda de la Cámara, solo encuentra la estigmatización contra Gloria Cuartas, convertida en "noticia", donde se transmite el mensaje del video editado y manipulado por el General Canal con la intención inocultable de criminalizar a los denunciantes de la masacre de San José de Apartadó, pero sin informar nada sobre los cuestionamientos a tan perverso método que se explicitaron en la misma sesión y sin decir una palabra sobre los elementos de convicción que la misma Doctora Gloria Cuartas expuso magistralmente, para demostrar que fue el Ejército el autor de la masacre, corrigiendo el mapa falso de ubicación de tropas que presentaron las fuerzas armadas.
No hay duda de que los medios masivos han tomado partido por tapar las verdaderas dimensiones de esta masacre como Crimen de Estado. Tampoco para ellos fue "noticia" que valiera la pena hacer conocer de la opinión pública, la decisión tomada por un grupo de parlamentarios, de solicitar a la Corte Penal Internacional que avoque el caso de la masacre de San José de Apartadó, ya que no se percibe que el Estado colombiano quiera hacer justicia, cumpliéndose entonces las condiciones previstas en el Estatuto de Roma.
El ensañamiento militar contra la ex Alcaldesa de Apartadó no es nuevo. Hace 10 años, cuando aún ejercía como Alcaldesa, fue objeto de una campaña sistemática de desprestigio con graves montajes y con falsos testigos, puestos en ese entonces por el General Retirado Rito Alejo Del Río. A ello se han sumado volantes y propagandas que buscan su deslegitimación y señalamientos de autoridades regionales en el gobierno del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de Colombia, por oponerse a las cooperativas de seguridad llamadas "Convivir", un claro intento de legalización del paramilitarismo.
Su intransigente oposición a políticas que violan las libertades ciudadanas y los derechos humanos la han convertido en blanco permanente de persecución. Ella con valentía denunció el "Plan Retorno", que camuflaba el retorno violento de empresarios de Urabá para recuperar el poder de las fuerzas tradicionales exterminando a los militantes de la U.P., operación que arrojó más de 1.200 asesinatos entre 1995-1997.
Los panfletos, la presión sobre su vida, las calumnias de periodistas como Plinio Apuleyo Mendoza, las investigaciones que se pretendían abrir en la Procuraduría, el seguimiento del que es objeto, han llegado, entre otras, a incidir hasta en el retiro de su visa de los Estados Unidos de América, con el argumento que figura en "una lista de sospechosos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos". Están siendo afectados sus espacios afectivos, familiares y, laborales, pues el seguimiento obstaculiza su derecho al trabajo. Por la crudeza de su palabra está sometida al exilio interno, con grave daño moral, económico y político. Se ha ejercido presión para que no reciba apoyo económico de ONG, como el caso de la entidad Belga IPS, "International Peace Information Service", en febrero 2004. Sus denuncias, ante el Parlamento Europeo, sobre el impacto de las políticas del gobierno en los derechos Humanos, incidieron en que fuera conminada por esta ONG a no continuar en una investigación de la que formaba parte.
Es su palabra el único instrumento de su accionar político y social. Reconocida por su civilidad, por la defensa de la democracia, Gloria Cuartas es exigente y clara al reclamar al Estado su obligación de garantizar la vida de ciudadanos y ciudadanas, así como el llamado a la salida política del conflicto social y armado, el acuerdo humanitario y la libertad de todas las personas privadas de ella a causa del conflicto.
Reconocida por la UNESCO y por numerosas organizaciones académicas, sociales y de mujeres como una mujer pública y valiente y una adalid de la paz, nunca ha acudido a esquemas de seguridad.
Llamamos al pueblo de Colombia, a los medios de comunicación, a los miembros del Congreso y al Gobierno a contribuir a que cesen las amenazas, las calumnias y señalamientos contra Gloria Cuartas, el Padre Javier Giraldo y La Comunidad.
Exigimos al Gobierno que garantice la vida digna de Gloria Cuartas, del padre Javier Giraldo y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Que garantice el pleno derecho de exigir verdad y justicia, y de ejercer una crítica libre y democrática.
Hacemos un llamado por el respeto y la garantía del pluralismo político y del libre ejercicio del derecho a la expresión política en Colombia.
Desviar la atención sobre la verdad y la responsabilidad por la masacre de San José de Apartadó, para desprestigiar y cerrar los espacios a la expresión política opuesta al gobierno, atenta contra la democracia.
Suscriben,
ESCUELA POLÍTICA DE MUJERES
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CORPORACIÓN JURÍDICA HUMANIDA VIGENTE
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Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 6400491
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Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Los Derechos humanos
Dr. Michael Frühling
Calle 114 N° 9-45 Torre B Oficina 1101 Edificio Teleport Bussines Park
Bogotá D.C
Teléfono: PBX (+57 1) 6293636
Fax: (+57 1) 6293637
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- Anne-Sylvie LINDER, Coordinadora Observatorio de DDHH y DIH
Vicepresidencia de la República. E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
-Maria Claudia Carrasquilla, Asesora Cooperación Técnica Internacional -Vicepresidencia de la República.
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
EL OBSERVATORIO
para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH (FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS) y la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"
Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca
Bogotá D.C., Sudamérica
Fax. 1- 2824270
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